El inicio del proceso de fusión entre ADIF y RENFE-OPERADORA iniciado por el anterior gobierno parece que ha sido frenado con el actual. ¿Sería viable una fusión ADIF-RENFE desde el punto de vista del derecho comunitario?

ADIF es una entidad pública cuya función es la administración de las estructuras ferroviarias. Posee autonomía de gestión y está adscrita al Ministerio de Fomento. Tal y como se establece por la ley de su creación (Ley 39/2003 de 17 de diciembre, del Sector Ferroviario) y sus Estatutos (RD 2395/2004 de 30 de diciembre de 2004) su objeto principal es la construcción y administración (explotación y mantenimiento) de infraestructuras ferroviarias. Para ello cuenta con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines y patrimonio propio.

 

RENFE-OPERADORA también es una entidad pública empresarial. Igualmente posee  autonomía de gestión y está adscrita al Ministerio de Fomento. De su normativa reguladora (Ley 39/2003 de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario y Estatutos mediante RD 2396/2004 de 30 de diciembre de 2004) se desprende que su objeto es la prestación de servicios ferroviarios de viajeros y mercancías y de otros servicios o actividades complementarias o vinculadas al transporte ferroviario. Realizando, también, mantenimiento y gestión de material móvil ferroviario. Para ello goza también de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines y patrimonio propio.

 

Por lo tanto, la diferencia fundamental entre ambas radica en que a ADIF le compete las infraestructuras ferroviarias mientras que RENFE-OPERADORA  es la encargada de la prestación de los servicios ferroviarios (tanto de viajeros como de pasajeros).

 

En relación a la fusión de ambas entidades hay que indicar que es una cuestión que planteó el anterior gobierno y que sin embargo parece que no contempla el gobierno actual. El objetivo fundamental de dicha fusión era la creación de un holding público ferroviario (aunque con cuentas de resultados separadas) que permitiera afrontar mejor la liberalización planteada para el año 2020, dentro de un nuevo y cohesionado sistema de gestión. Algo similar a los modelos francés y alemán.

 

Sin embargo, la nueva reglamentación europea, dimanada de la Directiva 2016/2370, pondría en duda tal operación de fusión ya que en su artículo 7 se establece de manera explícita la necesidad de que el administrador de infraestructuras se organice como una entidad jurídicamente independiente, incluso en el caso de las empresas integradas verticalmente, ofreciendo una serie de prescripciones para garantizar la independencia (nombramientos de puestos de decisión o prohibición de concesión de prestamos entre administrador y empresas ferroviarias). En concreto la norma comunitaria aclara que “en ningún caso podrá producirse una transferencia a los administradores de infraestructuras ferroviarias de los fondos públicos abonados a las empresas a ferroviarias ni a la inversa”. Y exige que los administradores de infraestructuras ferroviarias como Adif y las operadoras como Renfe confeccionen “sus respectivas contabilidades de manera que permita controlar el cumplimiento de la referida prohibición (la no trasferencia de fondos públicos entre empresas), así como el adecuado control de la utilización de los ingresos de los cargos de infraestructura y excedentes de otras actividades comerciales, debiendo llevar y publicar por separado sus balances y cuentas de pérdidas y ganancias”.

 

Por lo tanto, existen claras cortapisas comunitarias para la planteada integración.

 

En este mismo sentido se expresa la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia cuando en el informe sobre el anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario, emitido el 25 de julio de 2018 advierte que : “En este contexto, es importante señalar que las salvaguardas establecidas de conformidad con la Directiva 2016/2370 relativas a los casos de empresas verticalmente integradas no son de aplicación en la situación actual, dado que los gestores de infraestructuras están separados estructuralmente de las empresas ferroviarias.Por el contrario, su transposición sería relevante en caso que se optara por la creación de un conglomerado empresarial que englobara ambas entidades.”