En el presente artículo analizamos qué consecuencias normativas ha tenido el reciente rescate de las autopistas y que efectos tendrá en el futuro

 

El proceso de reversión de las autopistas, acaecido tras hallarse en liquidación los procedimientos concursales en los que están incursas las concesionarias, ha tenido también consecuencias desde el punto de vista normativo, ya que la gestión de las mismas ha pasado a manos de a la Administración Pública y se han iniciado los trámites de preparación de la próxima licitación de las concesiones a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.A (SEITTSA). Todo ello en paralelo a resolución de las concesiones y a la determinación del importe de la responsabilidad patrimonial de la Administración.

 

Así, en primer lugar, debemos destacar la modificación de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, cuyo fin último era evitar que el Estado acabe asumiendo el pago de las expropiaciones. Y ello desencadenado en base a las STS 486/2011, de 4 de febrero de 2014 por las que se obligaba al Estado al pago de dichas deudas en caso de impago de la sociedad concesionaria, y la STS 1597/2015, de 20 de abril de 2015, que señalaba que la merma de flujos de vehículos entraba dentro del riesgo y ventura que rige en dicha contratación administrativa. Esta cuestión generó una importante conflictividad ya que, tras la crisis económica, la actuación de la Administración se empezó a condicionar a la disponibilidad presupuestaria, lo cual tuvo fiel reflejo en las distintas Leyes de presupuesto de 2012 a 2014, abriendo una disputa judicial entre concesionarias y la Administración al cuestionar las concesionarias que el mecanismo compensatorio para equilibrar el contenido económico financiero del contrato concesional pudiera ser desarticulado si no se consignaba presupuestariamente.

 

Así, la reforma operada mediante el Real Decreto Ley 1/2014, de 24 de enero, pretendió evitar que si el Estado se encuentra resoluciones judiciales que obliguen al pago de las deudas de las concesionarias, acabe asumiendo dos veces el pago de la expropiación, en beneficio de éstas, reconociendo al Estado el derecho a subrogarse en el crédito del expropiado frente al concesionario, como resultado del pago por cuenta de otro, minorándose así el importe de responsabilidad patrimonial con la parte del crédito no reembolsada por la sociedad concesionaria, garantizándose la indemnidad del Estado frente al incumplimiento de los concesionarios.

 

Para ello, dicho Real Decreto 1/2014 modificó el apartado dos del artículo diecisiete de la Ley 8/1972, de 10 de mayo quedando redactado de la siguiente manera:

 

«Dos. En el procedimiento expropiatorio, el concesionario asumirá los derechos y obligaciones del beneficiario y, en consecuencia, satisfará las indemnizaciones de toda índole que procedan por razón de las expropiaciones y ocupaciones temporales necesarias para la ejecución del proyecto.

 

No obstante, si el concesionario no cumpliera dichas obligaciones y en virtud de resolución judicial, cualquiera que fuera su fecha, el Estado tuviera que hacerse cargo de abonar tales indemnizaciones a los expropiados, éste quedará subrogado en el crédito del expropiado. En todo caso, desde el momento en que se declare la obligación de pago a cargo del Estado, las cantidades que no le sean reembolsadas minorarán el importe global que corresponda en concepto de responsabilidad patrimonial de la Administración.»

 

Y también se modificó el artículo 271 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 noviembre, añadiéndose un nuevo apartado 7 (actual artículo 280, punto 5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público) con la siguiente redacción:

 

«7. Si el concesionario no cumpliera con las obligaciones del beneficiario en las expropiaciones y en virtud de resolución judicial, cualquiera que fuera su fecha, la Administración concedente tuviera que hacerse cargo de abonar las indemnizaciones a los expropiados, ésta quedará subrogada en el crédito del expropiado. En todo caso, desde el momento en que se declare la obligación de pago a cargo de la Administración concedente, las cantidades que no le sean reembolsadas minorarán el importe global que corresponda de conformidad con lo dispuesto en el apartado primero de este artículo.»

 

Dicha modificación en la legislación contractual se complementa también con la nueva Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público la cual ha procedido también a importantes modificaciones (Disposición Final 9ª) en la legislación de contratos, ampliando las prohibiciones para contratar (de cuerdo a la Ley de acceso a la información, Transparencia y Buen Gobierno) y el contrato de concesión de obra, estableciendo un nuevo régimen en el caso de nueva adjudicación en los casos en los que la resolución obedezca a causas no imputables a la Administración.  Así como la transposición también a la nueva Ley 9/2017, de contratos, de las Directivas del Parlamento y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, en cuanto al valor del mercado de las indemnizaciones en los casos de resolución por causas imputables a las concesionarias.

 

A esto hay que añadir que la nueva Ley de Carreteras del Estado se prevé la reducción del importe a pagar por la liquidación de las carreteras, ya que contempla que si la anulación del contrato viene motivado por causas imputables a la empresa concesionaria (insolvencia o concurso de acreedores) el Estado solo pagará por el valor que presente la infraestructura y no por las inversiones realizadas en en su construcción.

 

Con todo este galimatías normativo y jurisprudencial, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la incoación de expediente de resolución y a su encomienda de gestión de siete contratos de concesión de autopistas de peaje en liquidación concursal, que incluye las radiales 2,3,4 y 5, la M-12, la AP-36 (Tramo Ocaña-La Roda) y la AP-7 ( Circunvalación de Alicante y tramo Cartagena – Vera) (Convenio para la gestión de las autopistas rescatadas, publicado en el BOE 25 de Agosto de 2017). Antes de la reforma hubiera tenido que afrontar un importe de unos 4500 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial.