Analizamos el modelo español de gestión del transporte regular de uso general de viajeros.

El artículo 71 de la LOTT dispone que:

 

“Los transportes públicos regulares de viajeros de uso general tienen el carácter de servicios públicos de titularidad de la Administración, pudiendo ser utilizados, sin discriminación, por cualquier persona que lo desee en las condiciones establecidas en esta ley y en las normas dictadas para su ejecución y desarrollo.

 

Como regla general, la prestación de los mencionados servicios se llevará a cabo por la empresa a la que la Administración adjudique el correspondiente contrato de gestión. No obstante, la Administración podrá optar por la gestión directa de un servicio cuando estime que resulta más adecuado al interés general en función de su naturaleza y características.

 

Por lo tanto, dichos transportes públicos de viajeros serán prestados con la empresa con que la Administración haya adjudicado el correspondiente contrato de gestión, si bien, como indica el propio artículo, puede optar por la gestión directa “cuando estime que resulta más adecuado al interés general en función de su naturaleza y características”.

 

Nos encontramos, pues, ante una excepción al régimen general de los títulos habilitantes teniendo que calificar dicha actividad administrativacomo de prestación o de servicio público.

 

Tradicionalmente esta forma de actividad ha sido definida como una modalidad de la acción administrativa que consiste en satisfacer la necesidad publica de que se trate de una manera directa por órganos o entes creados por la propia Administración o de una manera indirecta en concurrencia con los particulares. Por lo tanto se contemplan dos formas de gestión de servicios públicos: la gestión directa y la gestión indirecta.

 

Como regla general prima el tipo de gestión indirecta a través del contrato de gestión, lo cual puede ser definido como “concesión” del Servicio Público ya que a través de dicho contrato se encomienda a una persona física o jurídica la gestión, asumiendo ésta el riesgo y ventura de la actividad. Dichos contratos se adjudican como regla general con carácter de exclusividad “salvo en los supuestos que reglamentariamente se exceptúen por razones fundadas de interés general” (nuevo artículo 72).

 

Entrecomillamos la palabra concesión porque en la Ley 9/2013, que modifica la LOTT, ya incorpora la más moderna normativa europea sobre el transporte público de viajeros por carretera, tal y como exige el Reglamento 1370/2007, desapareciendo toda mención al régimen concesional, contemplando la prestación del servicio público, en su vertiente indirecta, a través del contrato de gestión del servicio con la empresa adjudicataria, siguiendo las reglas de la contratación pública en un procedimiento abierto, equitativo, transparente y no discriminatorio, dotándolos de carácter exclusivo (al objeto de garantizar la cohesión territorial), regulando el régimen tarifario de conformidad a la disposiciones europeas. Todo ello con la exigencia previa de que el transportista cumpla determinadas condiciones previas de carácter personal (establecimiento, honorabilidad, capacidad financiera y competencia profesional) y que al tiempo haya obtenido el correspondiente título habilitante.

 

Esta regla general de gestión indirecta cabe exceptuarse  en los supuestos en los que la Administraciónopte por la gestión directa de un servicio cuando estime que resulta más adecuado al interés general en función de su naturaleza y características. En este caso será la propia Administración, los Órganos Autónomos de esta, las Entidades Públicas Empresariales, la Agencias o Sociedades Mercantiles las encargadas de la gestión del servicio público, todo ello de conformidad a lo regulado en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE).

 

En cualquier caso, a fecha actual, todos los servicios regulares permanentes de uso general de titularidad de la Administración General del Estado, un total de 82, son gestionados mediante contratos de gestión de servicio público para transporte regular de viajeros.

 

Sin embargo, toda esta configuración del sistema “concesional” español puede estar llegando a su fin, ya que el Reglamento 1073/2009 de la CE, que actualmente está en fase final de alegaciones, pendientes de votación, contempla una liberalización del mapa concesional español, planteando la eliminación de las concesiones para las líneas de más de 100 kilómetros, lo cual tendrá una incidencia radical en la regulación del transporte regular de uso espacial en nuestro país.