El caso Uber ha supuesto un cambio normativo dando lugar a una nueva regulación de las VTC. Explicamos dichos cambios y analizamos que ha sucedido con Uber.

la STJEU de 20 de diciembre de 2017, recogida en el fundamento de la  STS 87/2018, de 25 de enero, no deja lugar a dudas en lo referente a la naturaleza jurídica y la calificación del servicio prestado por UBER considerando que se configura como “un servicio global cuyo elemento principal es un servicio de transporte”. Por consiguiente la Ley de aplicación es la LOTT, al igual que otros servicios de análoga naturaleza como los taxis o VTCs).

 

Y esto es así porque, tal y como dispone la Sentencia, la actividad de UBER consiste en poner en contacto a conductores que realizan servicios de transporte a cambio de una remuneración, estableciendo las condiciones del servicio. En este sentido se señala que “UBER controla todos los aspectos pertinentes de un servicio de transporte urbano: el precio, los requisitos mínimos de seguridad, la accesibilidad de la oferta de transporte, el comportamiento de los conductores (mediante sistemas de evaluación), y la posibilidad de expulsión de la plataforma”…”por tanto UBER controla los factores económicos pertinentes del servicio de transporte ofrecido en su plataforma”.

 

De esta manera, UBER no es un mero intermediario entre conductores dispuestos a proponer ocasionalmente un servicio de transporte y pasajeros, sino que es un verdaderos organizador y operador de servicios de transporte urbano en las ciudades.

 

Es por todo ello por lo que la Sentencia concluye que UBER es un servicio en el ámbito del transporte en el sentido del artículo 2, apartado 2, letra d), de la Directiva 2006/123, y por tanto está excluida del ámbito de la aplicación de esta Directiva, por tratarse de una de las excepciones a la libre prestación de servicios, el transporte urbano, contenida en el artículo 58.1 TFUE y regulada en sus artículos 90 y siguientes.

 

Sentado lo anterior, teniendo clara la aplicabilidad de la LOTT, es evidente que de acuerdo con la clasificación de servicios y actividades del transporte por carretera operado tras la reforma de la LOTT del año 2013 estamos ante un servicio de transporte público, en analogía a los dispuesto para los taxis y el servicios de alquiler de vehículos con conductor (VTC), ya que se lleva a cabo por cuenta ajena mediante retribución económica, desplazando personas y equipajes, siendo discrecional al no estar sujeto a itinerario, calendario u horario.

 

Es por todo ello por lo que, en aplicación de la LOTT, es necesario que dicha mercantil disponga de la preceptiva autorización administrativa (artículo 42 de la LOTT) para el desempeño de su actividad. En este caso, y dada la configuración del servicio, licencia VTC.

Esto ha provocado un cambio normativo que afecta a toda la regulación de las VTC que es necesario analizar.

 

Mediante el Real Decreto Ley 13/2018, de 28 de septiembre, (Modificación de la Ley 16/1987, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor), publicado en el BOE de 29 de septiembre de 2018, las comunidades autónomas por delegación del Estado serán competentes para otorgar autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor de ámbito nacional, quedando habilitadas para modificar las condiciones de explotación previstas en el artículo 182.1 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en los términos siguientes:

 

  1. La modificación sólo podrá afectar a los servicios cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en su respectivo ámbito territorial y podrá referirse a: Condiciones de precontratación, solicitud de servicios, captación de clientes, recorridos mínimos y máximos, servicios u horarios obligatorios y especificaciones técnicas del vehículo.
  2. La modificación deberá estar orientada a mejorar la gestión de la movilidad interior de viajeros o a garantizar el efectivo control de las condiciones de prestación de los servicios, respetando los criterios de proporcionalidad establecidos en la normativa vigente.

 

No obstante lo anterior,  se ha concedido un periodo transitorio de 4 años para las actuales autorizaciones VTC de ámbito nacional. Tras estos 4 años, dichas autorizaciones quedarán habilitadas únicamente para realizar transporte interurbano. Este periodo transitorio se ha concebido como una habilitación de las autorizaciones existentes con carácter indemnizatorio por todos los conceptos relacionados con las modificaciones introducidas en este Real Decreto Ley y, en particular, por la nueva delimitación del ámbito territorial de dichas autorizaciones conforme al artículo 91 de la LOTT.

 

Por lo tanto y como consecuencia de la norma, al final de este periodo para poder realizar servicios VTC de ámbito urbano se deberá solicitar la correspondiente autorización a las Comunidades Autónomas o Ayuntamientos. Esto no implica que las VTC de ámbito nacional pierdan su eficacia, aunque solo las mantendrán para el ámbito del transporte interurbano.

 

En lo referente a los servicios urbanos que se presten por titulares de VTC de ámbito urbano nacional, durante el periodo transitorio, deberán cumplir las condiciones que establezcan, dentro de sus competencias, las entidades locales sobre utilización del dominio público viario, gestión del tráfico urbano, protección del medio ambiente y prevención de la contaminación atmosférica.

 

Por otra parte, también se producen consecuencias desde el punto de vista del régimen sancionador ya que el Gobierno se ha dado un plazo de seis meses para presentar a las Cortes Generales un proyecto de ley de modificación del régimen de infracciones y sanciones contenidas en la LOTT, con objeto de garantizar el cumplimiento de las nuevas condiciones de prestación de los servicios VTC y vinculado con el “Registro de Comunicaciones de los Servicios de Arrendamiento de Vehículos con Conductor” que se encuentra en fase de desarrollo tecnológico.